LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ESTRATEGIA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL ESTABLECIDOS: “La Estrategia del Tribunal de Cuentas Europeo para el período 2021 2025 y programa de trabajo para 2021+ y el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2021”

Toda organización, ente o institución pública o privada debe contar con una estrategia sobre la que basar sus operaciones o actuaciones para conseguir unos objetivos determinados (fines institucionales en el ámbito del sector público). El éxito en la consecución de los mismos dependerá en buena medida de la estrategia adoptada, así como de la capacidad para prever y reaccionar ante todos aquellos hechos o acontecimientos que pueden llegar a influir en las decisiones que han de tomarse en cada momento. Tal y como señala la RAE:

La estrategia en un proceso regulable, conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento

RAE

La actual situación de pandemia derivada de la COVID-19 ha provocado que las principales instituciones de control hayan tenido que adoptar nuevos enfoques de auditoría, o bien, adaptar los enfoques ya existentes a los nuevos riesgos derivados de esta situación tan excepcional.

Las dos Estrategias aquí presentadas buscan precisamente esto:

OBJETIVO GENERAL[1]: “llevar a cabo fiscalizaciones en las que se determinen irregularidades que puedan dar lugar a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad; orientadas a las áreas con mayores incumplimientos, a las actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad, a los más significativos volúmenes de ingresos y de gastos públicos, a la contratación y a las subvenciones, así como a la formulación de propuestas de medidas legislativas para la reducción de plazos de rendición de cuentas”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL MARCO COVID-19: “dar adecuada respuesta desde la perspectiva del ejercicio de sus competencias a las grandes modificaciones que han tenido lugar en la actividad económico-financiera pública como consecuencia de la pandemia de COVID-19, ha considerado prioritario incluir en el Programa para 2021, entre las nuevas iniciativas, numerosas fiscalizaciones específicas de dicha actividad en todos los subsectores públicos”.

Antes de entrar en el contenido concreto de las estrategias (principales lineas o ejes de actuación), creo conveniente realizar una breve presentación del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)[2]. En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el TCE es el principal órgano encargado de velar por los intereses de los contribuyentes europeos. Aunque el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas de la Unión.

¿Qué cometidos tiene el TCE?

  • Audita los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos.
  • Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE, en particular mediante controles puntuales en las instituciones de la UE (especialmente en la Comisión), los Estados miembros y los países que reciben ayuda de la UE.
  • Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales en sus informes de auditoría.
  • Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
  • Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión.
  • Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Además, publica dictámenes sobre la legislación preparatoria que incidirá en la gestión financiera de la UE, así como documentos de posición, estudios y publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la UE. Dada la trascendencia de este Órgano y de las funciones a este encomendadas es importante recalcar su independencia respecto a los organismos e instituciones que audita en el ejercicio de sus funciones: le corresponde decidir con plena libertad: qué somete a auditoría; cómo lo hace; dónde y cuándo presenta sus conclusiones.

En la carta de presentación de la “Estrategia del Tribunal de Cuentas Europeo para el período 2021 2025 y programa de trabajo para 2021+” se pone especial énfasis en la necesidad de analizar y supervisar la respuesta de la UE ante la pandemia de COVID-19 y del paquete de recuperación «Next Generation EU» (NGEU).

Remarca: “En los próximos cinco años, el objetivo de los auditores de la UE será contribuir a una Unión Europea más resiliente y sostenible que defienda los valores en los que se basa. Según la nueva estrategia de la institución para el período 2021‑2025, el Tribunal continuará esforzándose por ofrecer a los ciudadanos sólidas garantías de auditoría, mejorando la rendición de cuentas y la transparencia de la acción de la UE y auditando su rendimiento en los ámbitos que más importan”.

Para llevar a cabo estos objetivos se plantea una estrategia basada en las tres siguientes metas:

Meta Genérica: Una de cada cuatro auditorías versarán sobre la respuesta ante la pandemia y sobre los fondos europeos NG-EU.

Metas Específicas:

1. Mejora de la rendición de cuentas, la transparencia y acuerdos de auditoría en todos los campos de acción de la UE: conscientes de la necesidad de dar respuesta a determinados problemas en materia de rendición de cuentas y auditoría en el marco institucional y jurídico de la UE, especialmente en aquellos ámbitos en los que la UE actúa a través de un enfoque intergubernamental. Se recalca la necesidad de eliminar incoherencias a la hora de ejercer las actuaciones de control externo (auditoría) que han provocado la superposición de actuaciones de control (duplicidades) debido a la existencia de diversos niveles de auditoría y controles en la UE.

Acciones concretas:

  • Evaluar la gobernanza de la UE, así como sus disposiciones en materia de responsabilidad y transparencia.
  • Identificar las deficiencias en materia de auditoría y rendición de cuentas, así como la superposición y duplicación de las actividades de auditoría en la arquitectura actual y futura de la UE.
  • Examinar la calidad y fiabilidad de la información y los datos comunicados por nuestros auditados sobre la aplicación de las políticas de la UE y la gestión financiera de la UE.

2. Focalizar nuestras auditorías de desempeño en las áreas y temas donde podemos agregar más valor: La priorización de las actuaciones de control en base a previos análisis y evaluación de riesgos y de las prioridades declaradas de nuestros grupos de interés institucionales y auditados. En base a estos elementos se decide centrar el control (auditorias de rendimiento) en las cuatro siguientes áreas:

  • La competitividad económica de la Unión;
  • La resistencia a las amenazas a la seguridad de la Unión, y el respeto de los valores europeos de libertad; democracia y el Estado de Derecho;
  • El cambio climático, el medio ambiente y los recursos naturales.
  • Políticas fiscales y finanzas públicas en la Unión.

Estos puntos se complementarán con oportunos análisis sobre iniciativas como la gestión de la UE (NG-EU) de próxima generación y temas transversales, como la sostenibilidad y los valores de la UE.

La lucha contra el fraude continuará siendo un objetivo básico por el peligro que supone al Presupuesto de la UE y a los objetivos a alcanzar por parte de las instituciones comunitarias. Se pretende ayudar en la lucha contra el fraude examinando a todos los niveles si los programas financiados por la UE se ven afectados por deficiencias que los hacen propensos al fraude, teniendo en cuenta nuestra la experiencia adquirida a través de las auditorias ya realizados y en coordinación con los organismos encargados de la detección del fraude.

El valor añadido vendrá dado también por el mayor impacto que ha de darse a las recomendaciones de sus informes para hacerlas más pertinentes, útiles, prácticas y rentables, reforzando el seguimiento de estas.

3. Ofrecer garantías sólidas de auditoría en un entorno difícil y cambiante: El próximo marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y la iniciativa UE de próxima generación (NGEU) implicarán cambios importantes y nuevos retos que se deben afrontar. Estos retos tienen que ver sobre los informes de fiabilidad y nuestro informe anual.

Los cambios relacionados con el próximo MFP y la iniciativa NGEU serán de gran alcance y afectarán a la financiación y el uso del presupuesto de la UE, incluidas nuevas formas de recursos propios y un posible cambio de las normas de subvenciones a aspectos basados en el rendimiento. Para ello, se seguirá desarrollando el enfoque de auditoría y utilizando los datos y la información disponibles, garantizado así que se emita informes oportunos y relevantes.

Todo esto será posible si se lleva a cabo un mejor uso de los datos y las herramientas y tecnologías de TI, con un claro potencial a corto plazo en las auditorías financieras y en las auditorías de regularidad de los ingresos y los gastos administrativos.

En los campos de actuación de la auditoría pública se va haciendo cada vez más patente la existencia de una mayor cantidad de datos digitales (entorno de administración electrónica) que, sin duda, ofrecen una oportunidad única de aprovechar las nuevas herramientas y técnicas de TI para mejorar el desempeño.

¿Cómo se pretende lograr esto?:

  • Obteniendo un acceso seguro y fácil a los datos de los auditados;
  • Fomentando una cultura de auditoría digital y una mentalidad en el trabajo;
  • Invirtiendo en las habilidades y conocimientos necesarios en todo el personal;
  • Implantando nuevas herramientas y técnicas de auditoría digitales adecuadas, incluida la recogida y el análisis automatizados de datos.

En cuanto a la Estrategia recientemente aprobada por el TCU de España (PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021, Aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2020), como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, podemos destacar las siguientes EJES:

El documento comprende las fiscalizaciones que se realizarán:

  • Por mandato legal;
  • Previa solicitud por las Cortes Generales. Podemos destacar la que tiene que ver con el informe anual de la actividad fiscalizadora sobre la contratación del sector público- y;
  • Por iniciativa propia: Por haberlo estimado así el propio Tribunal de Cuentas.

Destaca el compromiso de este Órgano para llevar a cabo en este ejercicio actuaciones fiscalizadoras relacionadas con la gestión realizada por las distintas Administraciones Públicas en el contexto de la pandemia derivada de la COVID-19. Para ello, se han planificado numerosas fiscalizaciones específicas de dicha actividad en todos los subsectores públicos, relativas a las medidas adoptadas en el estado de alarma y a las de reestructuración económica aplicadas con posterioridad.

Entre las “encomiendas” instadas por el Congreso de los Diputados: destaca el Informe anual de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del sector público.

En cuanto a la extensa actividad fiscalizadora propuesta y promovida a iniciativa del Tribunal, podemos destacar las siguientes:

  • Fiscalizaciones de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En concreto, destacan las actuaciones a realizar respecto de los Centros Residenciales de Mayores. Asimismo, se prevén actuaciones fiscalizadoras relativas a la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tramitados durante la referida crisis.
  • El grado de ejecución por España de los fondos estructurales y de inversión.
  • Fiscalización de la implementación del teletrabajo en los ministerios del Área de Administración Económica del Estado.
  • Las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III para financiar proyectos y programas de investigación del virus SARS-CoV-2, y las actuaciones para las relaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el marco de la gestión de la pandemia.

Con relación al ámbito concreto de las CCAA (sin órgano de control externo propio), podemos señalar las siguientes fiscalizaciones:

  • La fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID-19.
  • La fiscalización de la contratación y el Informe global del sector.

Respecto al ámbito local podemos destacar:

  • Fiscalización de la situación financiera de determinados ayuntamientos de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de endeudamiento.
  • La fiscalización del sector y la Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales.

Viendo las dos estrategias recientemente aprobadas por ambos órganos de control parece evidente la prioridad que se le quiere dar a las actuaciones de fiscalización relacionadas con la gestión realizada por las administraciones públicas desde el inicio de la pandamia, allá por marzo del año pasado. Esto es razonable por dos cuestiones fundamentales: el contexto de urgencia en el que son adoptadas las distintas decisiones públicas y por la especial relevancia que tiene una adecuada transparencia y rendición de cuentas en este contexto extraordinario.

A mi juicio, serán tres los grandes retos que deberán afrontar (o seguir afrontando) los órganos que tienen asignadas funciones de control de la actividad económico-financiera en los distintos niveles del Estado:

Lucha contra el fraude y la corrupción – Transparencia y rendición de cuentas.

La lucha contra el fraude y la corrupción ha sido y continua siendo un gran problema aún pendiente de resolver. Por ello, se debe seguir ahondando en nuevas técnicas que permitan detectar comportamientos fraudulentos, corruptelas o restricciones injustificadas de la libre competencia. Las nuevas tecnologías deben servir de base para fortalecer un sistema de control capaz de alertar sobre estas malas prácticas, posibilitando que se puedan adoptar las medidas correctoras que se consideren oportunas para poder poner fin (de una vez) a esta lacra.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 (ODS).

Debido al compromiso de nuestro país respecto al logro de estos objetivos, y por todo lo que representan (económica, social o medioambientalmente), se antoja necesario una supervisión permanente y sólida que garantice una medición en tiempo y forma de los resultados obtenidos, así como el grado de eficiencia con el que los mismos son logrados.

La recuperación económica.

La pandemia no ha hecho mas que ahondar en la profunda crisis económica en la que se encuentra inmerso nuestro pais en los últimos tiempos (elevados niveles de endeudamiento o de déficit presupuestario, tasa de desempleo con cifras record, un sistema de pensiones cuestionado etc.)

Las consecuencias económicas derivadas de esta pandemia son patentes. Por todo ello, los poderes públicos, en cuanto que son los encargados de ejecutar las políticas públicas: de apoyo, de fomento de la actividad, de soporte y ayuda a las clases mas necesitadas etc., han de adoptar un conjunto de decisiones que requerirán un esfuerzo presupuestario importante a corto, medio y largo plazo. Asimismo, la correcta gestión de los fondos europeos aprobados para nuestro país para la recuperación, transformación y resiliencia va a ser crucial para avanzar en el proceso de regeneración que como país nos toca afrontar.

De ahí la necesidad de un mayor control y vigilancia en cuanto al cumplimiento de los objetivos perseguidos, de medición de su eficacia y de su sostenibilidad en el tiempo.


[1] PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021, Aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2020.

[2] https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_es#%C2%BFqu%C3%A9-hace-el-tce?

Fuente. TCE

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