LA AUDITORÍA PÚBLICA Y LA FUNCIÓN CONSULTORA: APOYO CLAVE PARA LOS GESTORES PÚBLICOS.

El control público se enfrenta hoy a un contexto cada vez más complejo, donde la capacidad de los gestores públicos para responder a sus responsabilidades está siendo desafiada por múltiples factores: la creciente presión normativa, las exigencias de transparencia y rendición de cuentas, la lucha contra el fraude, y la escasez crónica de recursos humanos. En este escenario, es legítimo preguntarse si la función de auditoría tradicional, tal como está concebida en los marcos legales actuales, es suficiente para apoyar a los gestores en el cumplimiento de estas demandas.

Aunque la normativa vigente establece un marco claro para la auditoría pública, los retos actuales requieren complementar esta función con una dimensión más proactiva: la de consultoría. Si bien no es el modelo legalmente previsto, esta actividad paralela de asesoramiento continuo puede ser esencial para cerrar las brechas en los sistemas de gestión pública y garantizar que las instituciones respondan adecuadamente a las exigencias del entorno actual.

Un entorno exigente para los gestores públicos

Los gestores públicos son responsables, no solo de administrar los recursos de forma eficiente, sino también de implementar sistemas que cumplan con los estándares más altos en control interno, antifraude, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan limitaciones estructurales que dificultan esta tarea.

Entre estas limitaciones destacan:

1. Escasez de recursos humanos: La falta de personal capacitado para gestionar tareas complejas limita la capacidad operativa de muchas entidades públicas.
2. Exigencias legales crecientes: La normativa, tanto nacional como europea, demanda la implementación de mecanismos avanzados de control interno, programas antifraude y sistemas de transparencia robustos.
3. Falta de formación específica: Los gestores a menudo no cuentan con el conocimiento técnico necesario para diseñar, implementar y supervisar estos sistemas, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento y posibles sanciones.
4. Complejidad normativa y burocrática: La creciente cantidad de leyes, normativas y procedimientos administrativos hace que los gestores públicos enfrenten dificultades para mantenerse actualizados y cumplir con los requisitos legales. Este exceso de regulación puede generar inseguridad jurídica y retrasos en la toma de decisiones, afectando la eficiencia en la gestión.
5. Presión por resultados inmediatos o por las exigencias presupuestarias: Los gestores públicos suelen trabajar bajo una intensa presión para obtener resultados visibles en plazos cortos, lo que puede llevar a priorizar soluciones inmediatas en detrimento de enfoques sostenibles o estratégicos. Esta presión es especialmente evidente en áreas sensibles como el gasto social, la gestión de fondos europeos o la implementación de programas innovadores.
6. Limitaciones tecnológicas: Aunque la digitalización es una prioridad en la gestión pública, muchos gestores carecen de acceso a herramientas tecnológicas adecuadas o no cuentan con sistemas integrados que faciliten la toma de decisiones. La falta de interoperabilidad entre sistemas y la resistencia al cambio tecnológico también complican su trabajo.
7. Escasez de tiempo para tareas estratégicas: La carga administrativa y las responsabilidades operativas diarias consumen gran parte del tiempo de los gestores públicos, dejando poco margen para planificar estrategias, analizar riesgos o implementar mejoras en sus sistemas de gestión.

La combinación de estos factores genera una situación de alta vulnerabilidad, donde los gestores enfrentan riesgos operativos y legales que pueden comprometer la eficacia y la credibilidad de la gestión pública. Es aquí donde el órgano de control, además de su papel tradicional de auditor, puede desempeñar un rol clave como asesor estratégico, ayudando a anticipar problemas, implementar soluciones y fortalecer los sistemas internos para garantizar un cumplimiento más sólido y una gestión más eficiente.

La función de consultoría: un complemento necesario

Aunque el modelo actual no contempla explícitamente la función de consultoría como parte del control público, es posible integrarla como una actividad complementaria. Esta función no implica renunciar al rigor de la auditoría ni comprometer su independencia, sino que busca proporcionar un apoyo técnico y metodológico continuo a los gestores públicos.

¿En qué consiste esta función de consultoría?

1. Asesoramiento en la implementación de sistemas de control interno: Ayudar a los gestores a diseñar y fortalecer sus sistemas internos, alineándolos con las normativas y estándares vigentes.
2. Apoyo en la prevención del fraude: Colaborar en la identificación de riesgos específicos y en el diseño de estrategias para mitigarlos, como mapas de riesgos y códigos de conducta.
3. Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas: Ofrecer orientación sobre cómo estructurar informes, diseñar portales de transparencia o implementar buenas prácticas en comunicación institucional.
4. Capacitación continua: Proveer formación técnica a los gestores y equipos administrativos en áreas clave como la evaluación de riesgos, el cumplimiento normativo o el análisis de datos.

Ventajas de integrar esta función

La introducción de una dimensión consultiva en el control público representa una oportunidad para transformar la relación entre los órganos de control y los gestores públicos, pasando de un enfoque meramente fiscalizador a uno más integral, constructivo y orientado al fortalecimiento institucional. Este cambio no solo beneficia directamente a los gestores, que reciben un apoyo técnico continuo, sino que también genera impactos positivos en las instituciones y, en última instancia, en la sociedad.

• Cierre del ciclo de control: Al proporcionar asesoramiento, el órgano de control no solo detecta fallos, sino que contribuye activamente a su corrección, cerrando el sistema y garantizando una mejora continua. Esto supone, además, un fortalecimiento del control interno, ya que uno de los mayores retos de las instituciones públicas es la creación de sistemas de control interno robustos y adaptados a las normativas actuales.
• Apoyo directo a los gestores públicos (construcción de un ecosistema colaborativo): El acompañamiento técnico continuo permite que los gestores afronten con mayor seguridad los retos derivados de su labor diaria. Resolución de dudas normativas y procedimentales o ayuda en la implementación de soluciones personalizadas.
• Reducción de riesgos: Un acompañamiento cercano permite anticipar problemas antes de que se materialicen, disminuyendo las vulnerabilidades de las instituciones.
• Aumento de la eficiencia: Los gestores que cuentan con el apoyo técnico necesario pueden implementar soluciones más efectivas y ajustadas a sus realidades. En un contexto de escasez de recursos humanos y financieros, el acompañamiento técnico permite maximizar el uso de los medios disponibles.

Retos de su implementación

Por supuesto, la incorporación de esta función no está exenta de desafíos:

1. Separación de roles: Es fundamental mantener una clara distinción entre la auditoría y la consultoría, garantizando que la independencia de la auditoría no se vea comprometida.
2. Resistencia cultural: Tanto los gestores como los propios auditores pueden mostrar resistencia a esta nueva dinámica, especialmente si no se comprende su complementariedad con el modelo actual.
3. Capacitación del personal auditor: Para desempeñar este nuevo rol, los auditores necesitarán ampliar sus competencias, integrando habilidades en comunicación, gestión del cambio y análisis estratégico.

Conclusión: hacia un control público más integral

El control público, en su forma actual, se enfrenta a limitaciones para responder plenamente a las necesidades de los gestores y a las demandas de la sociedad. Integrar una función de consultoría, aunque no prevista en los marcos normativos actuales, puede ser la clave para cerrar un sistema de gestión que permita cumplir con todas las exigencias legales y éticas del momento.

Este modelo híbrido no busca sustituir a la auditoría tradicional, sino enriquecerla con una perspectiva de acompañamiento y mejora continua. Porque, al final, el éxito del control público no depende solo de señalar los errores, sino de contribuir activamente a construir soluciones. Así, los órganos de control podrán reafirmar su papel como garantes no solo del cumplimiento normativo, sino también del progreso y la excelencia en la gestión pública.