LOS PRINCIPIOS “ESG” COMO FUNDAMENTO PARA ABORDAR UNA GESTIÓN PÚBLICA RESPONSABLE: VISIÓN TRANSVERSAL DESDE LA GESTIÓN AL CONTROL (referencia a la contratación pública).

ESG: Environmental (medioambiente), Social (social) y Governance (gobernanza)

En la actualidad, la protección del medioambiente, la responsabilidad social y la gobernanza han pasado a convertirse en pilares fundamentales de la gestión, tanto en el ámbito público como privado. Estos tres elementos constituyen los principios básicos del modelo generalmente conocido como “ESG” (acrónimo que hace referencia a Environmental (medioambiente), Social (social) y Governance (gobernanza)).

Estos principios han adquirido una relevancia sin precedentes, impulsados por la creciente conciencia sobre la importancia de preservar nuestro planeta y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Nace por tanto una nueva sensibilidad, una nueva forma de actuar con el entorno que ha llevado a que muchos países hayan empezado a implementar nuevas regulaciones, políticas específicas y mecanismos de supervisión y control para realizar un adecuado seguimiento las acciones implementadas relacionadas con tales principios.

En el ámbito privado, los inversores y los consumidores están cada vez más preocupados y a la vez interesados en apoyar a aquellas empresas que demuestran un compromiso sólido y firme con el entorno y con la sociedad en su conjunto, de ahí la necesidad de que las empresas empezaran a adoptar prácticas sostenibles y comunicar de manera transparente sus iniciativas de responsabilidad social y de apoyo a lo que hoy se conoce como “economía circular[1]”.  Esta nueva inercia ha llevado a un exponencial aumento en la adopción de prácticas ESG en diversos sectores, impulsando la integración de estos principios en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la actividad empresarial, pero como veremos a continuación el sector publico tiene mucho que decir y que hacer.

Y es que es una realidad, vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde cada vez somos más conscientes de la necesidad de intervenir en aspectos clave que son considerados de extrema importancia, tanto en el presente como en el futuro. Ahora somos más conscientes de que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto no solo en nuestro entorno cercano, sino también en la sociedad, en el medio ambiente y en las propias estructuras de gobernanza existentes (necesitadas de nuevos enfoques, metodologías, aproximación a las inquietudes de los ciudadanos y de las generaciones venideras).

Los riesgos ambientales y sociales, como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la corrupción, requieren una respuesta efectiva y coherente por parte de los gobiernos para garantizar un desarrollo sostenible, más justo y equitativo.

Es fundamental que el sector público adopte prácticas de gestión basadas en la sostenibilidad y la responsabilidad.

La aplicación de los principios ESG en el sector público debe abogar por perseguir una gestión transparente, ética y responsable de los recursos públicos. Esto implica considerar los impactos ambientales en las políticas, promover la igualdad y la justicia social en los programas y acciones de gobierno, y fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración. Solo así podremos fortalecer la confianza y la legitimidad de las decisiones públicas pensadas por y para todos, promoviendo una mayor implicación y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y una gestión más efectiva y, sobre todo, más cercana a las necesidades de la sociedad.

LA ESTRECHA CONEXIÓN ENTRE LOS ODS Y LOS PRINCIPIOS ESG

La ONU[2] ha establecido varios programas y agencias dedicadas a promover el desarrollo sostenible y abordar los desafíos ambientales y sociales. Entre ellos se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y promover la igualdad.

Los principios ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están intrínsecamente vinculados, ya que ambos persiguen un futuro mejor para todos. Para lograr esto, es fundamental que nuestros órganos de gobierno asuman un compromiso sólido y coherente, conscientes del impacto tan positivo en la construcción de sociedades que avanzan teniendo presentes todos estos factores.

Mas concretamente, en el ámbito de lo público, las administraciones públicas están llamadas a desempeñar un papel (rol) crucial en la adopción de prácticas sostenibles que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y transformar nuestras instituciones hacia modelos basados en los principios de buena gobernanza –> con sustento en principios éticos y de integridad (transparencia, rendición de cuentas, lucha contra el fraude y la corrupción).  

En referencia al medioambiente, como objetivo prioritario se busca promover una acción colectiva para abordar los desafíos ambientales, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y al logro de un desarrollo sostenible. Uno de los objetivos clave es el ODS 13: Acción por el clima, que tiene como objetivo combatir el cambio climático y sus impactos.

Actuaciones a implementar en la gestión: los gestores públicos deben promover políticas y acciones que fomenten la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Esto implica la implementación de medidas para reducir las emisiones de carbono, preservar los recursos naturales y promover prácticas sostenibles en la gestión de los servicios públicos. Ejemplos de políticas o acciones publicas: Implementación de políticas de reducción de emisiones de carbono, promoción de energías renovables, fomento de la eficiencia energética en los servicios públicos, adopción de medidas de conservación de recursos naturales, como la gestión sostenible del agua y la protección de la biodiversidad.

En cuanto a los factores sociales, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, promoviendo políticas inclusivas y combatiendo la discriminación y la desigualdad. Esto implica implementar medidas para mejorar el acceso a la educación, la atención médica, la vivienda, la mejora de las condiciones laborales y el empleo digno.

Los principios ESG, en este ámbito, están alineados con varios ODS que abordan la igualdad, la justicia social y el bienestar humano. Por ejemplo, el ODS 5 (Igualdad de género) busca promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación de género, mientras que el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) se centra en la generación de empleo digno y el fomento de condiciones laborales justas. Objetivo: garantizar prácticas de empleo equitativas, promover la diversidad y mejorar las condiciones laborales.

Actuaciones a implementar en la gestión: los gestores públicos deben tener en cuenta el impacto de sus decisiones en la sociedad. Esto implica garantizar la igualdad de oportunidades, promover la inclusión social, proteger los derechos humanos y fomentar el bienestar de los ciudadanos. Los programas y políticas públicas deben estar diseñados de manera que aborden las necesidades de los grupos más vulnerables y promuevan la cohesión social. Ejemplos de políticas o acciones publicas: Desarrollo de programas de inclusión social, promoción de la igualdad de género y diversidad, implementación de políticas de apoyo a grupos vulnerables, como programas de educación y formación, acceso a servicios de salud y protección de derechos humanos, promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Por último, relativo a la estructura de gobernanza, las administraciones públicas deben promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esto implica fortalecer los sistemas de gobierno y promover la integridad en todas las instituciones públicas. Los principios ESG se alinean con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). Este objetivo busca promover sistemas de gobernanza transparentes, responsables y eficaces en todos los niveles. Objetivo: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas en tiempo y forma con un afán claro de transmitir fehacientemente en qué, cómo y para qué empleamos los recursos públicos.

Es importante destacar que la conexión entre los principios ESG y los ODS no es exclusiva de algunos objetivos específicos, ya que la sostenibilidad en general es un factor transversal que abarca múltiples aspectos de desarrollo. La adopción de los principios ESG por parte de las entidades del sector público no solo contribuye al logro de los ODS, sino que también fortalece su reputación, genera confianza entre los ciudadanos y demás actores sociales, y posiciona a las instituciones como agentes responsables comprometidos con la construcción de un futuro sostenible. De esta forma, será responsabilidad de nuestros gobernantes el considerar los impactos ambientales y sociales a la hora de diseñar políticas públicas, buscando en todo caso fomentar la equidad y la justicia social en la implementación de programas, y fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en todas las esferas de actuación pública.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA PÚBLICA CLAVE PARA EL IMPULSO DE LOS PRINCIPIOS ESG

La contratación pública desempeña un papel relevante en el cumplimiento de los principios ESG al estar estrechamente vinculada con la ejecución de políticas públicas. Como ya todos sabemos, la contratación pública tiene un rol fundamental como herramienta para ejecutar diversidad de políticas públicas buscando promover objetivos sociales y medioambientales o de innovación, es decir, va se va muchos más allá del simple acopio de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades publicas existentes.

Aunque es cierto que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público no hace referencia explícita a los principios ESG, establece una serie de principios que se relacionan con ellos, como la transparencia, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la igualdad. La ley establece que los contratos públicos deben ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, fomentar la innovación y el desarrollo sostenible, respetar los derechos laborales y sociales, fomentar la inclusión social y la igualdad de género, y cumplir con las normas laborales y sociales[3].

Por tanto, la contratación pública se convierte en un mecanismo efectivo para traducir las políticas públicas en acciones concretas, generando un impacto positivo en el logro de los objetivos ESG y en el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En lo que respecta al principio de gobernanza, el artículo 1 de la Ley enfatiza la necesidad de garantizar la transparencia, la integridad y la eficiencia en la contratación pública. Esto implica que los órganos de contratación deben actuar de manera transparente, basando sus decisiones en criterios objetivos y evitando cualquier forma de corrupción.

Algunos de los principales factores que deben considerar los gestores públicos (capacidad de contratar à órganos de contratación) a la hora de buscar la adecuada alineación con los principios ESG pueden ser los siguientes:

FASE PREPARACION Y ADJUDICACION

Integrar criterios ESG en los pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones de los contratos públicos pueden incluir requisitos específicos relacionados con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. La inclusión de requisitos ESG en los pliegos de condiciones puede servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía circular[4] o, por ejemplo, los gestores pueden incentivar a las empresas a adoptar prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) al exigir la presentación de informes de sostenibilidad, la implementación de políticas de diversidad e inclusión, buenas practicas etc.

Promover la inclusión, la diversidad y de las personas más desfavorecidas en la contratación: Las entidades públicas pueden establecer medidas para fomentar la inclusión y diversidad en los procesos de contratación. Esto puede incluir la reserva de contratos para empresas lideradas por grupos minoritarios o la adopción de políticas de igualdad de oportunidades en la selección de proveedores. Objetivo: mejorar la calidad de vida de la sociedad, ya que se promueve la adquisición de bienes, obras y servicios que respeten los derechos laborales y sociales, fomenten la inclusión social y la igualdad de género, y cumplan con las normas laborales y sociales.

FASE EJECUCION

Realizar un seguimiento del desempeño de los contratistas: es prioritario ir realizando un seguimiento del desempeño La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea de los contratistas en relación con los aspectos ESG. Esto implica llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos, así como la implementación de medidas para mejorar el desempeño ambiental y social. Es importante, por tanto, realizar un seguimiento y evaluación de los criterios ESG incluidos en los pliegos de condiciones para garantizar que se están cumpliendo y que están teniendo el impacto deseado con respecto a los objetivos esperados.

La contratación pública se convierte, por todo lo dicho anteriormente, en un mecanismo efectivo para traducir las políticas públicas en acciones concretas que persigan la transformación de la actividad pública hacia modelos más sostenibles, inclusivos y responsables.

EL CONTROL Y LA AUDITORIA EN LA EVALUACION DEL IMPACTO DE LOS PRINCIPIOS ESG

Es importante llevar la auditoría más allá de la simple medición de resultados a corto plazo y enfocarse en la evaluación de impactos más a medio y largo plazo. Tradicionalmente, las auditorías se han centrado en evaluar los resultados financieros y operativos a corto plazo de una organización. Sin embargo, para abordar de manera efectiva los principios ESG y los ODS, es crucial considerar los impactos a largo plazo en aspectos ambientales, sociales y de gobierno.

La auditoría pública debe desempeñar un papel fundamental en la medición del impacto de las políticas públicas desde la perspectiva de estos principios ESG (repercusión de la acción pública en el medio/largo plazo, no centrado por tanto en el resultado del corto plazo). El objetivo consistiría en evaluar y verificar la efectividad y el cumplimiento de las políticas implementadas por los gestores públicos en relación con los criterios y principios ESG.

Al ampliar el enfoque de la auditoría, se pueden identificar y evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, la gestión responsable de los recursos naturales, los derechos humanos, la diversidad y la inclusión, en definitiva, de todas las acciones emprendidas por las entidades publicas persiguiendo lograr los objetivos previamente definidos y establecidos.

El primer paso para medir el impacto de las políticas públicas desde la perspectiva de los principios ESG sería verificar si el organismo encargado de implementar estas políticas ha establecido objetivos claros que estén alineados con dichos principios. Estos objetivos deben ser específicos, medibles y tener en cuenta estos principios.

La verificación de los objetivos claros puede ser realizada mediante la revisión de documentos estratégicos, de la normativa aplicable (incluida la interna), estructura de control interno con definición de sus procedimientos internos y programas específicos. También es importante asegurarse de que estos objetivos estén respaldados por recursos adecuados y mecanismos de seguimiento y evaluación (fundamentalmente en su primer nivel à Órgano gestor, responsabilidad en la toma de decisiones).

Ejemplo:

Objetivo estratégico: El objetivo estratégico de promover la sostenibilidad ambiental en el sector público busca reducir el impacto ambiental derivado de la acción pública. Esto puede incluir la adopción de tecnologías energéticamente eficientes, como iluminación LED, sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, y el uso de energías renovables cuando sea posible, buscando reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo así la sostenibilidad ambiental en el sector público.

Acción concreta: Implementar políticas de eficiencia energética en los edificios públicos mediante la adquisición de paneles solares en los techos o el aislamiento eficiente de ventanas y accesos.

¿Qué deberíamos evaluar?

Por ejemplo, el impacto económico de la implementación de políticas de eficiencia energética mediante la comparación de los costes energéticos antes y después de la adopción de estas medidas (Puede expresarse en términos absolutos (por ejemplo, kilovatios hora) o en porcentaje de reducción).

Como impacto en la sociedad, podríamos señalar el que tiene que ver con la reducción del consumo de gases de efecto invernadero. La reducción de emisiones incide directamente en la mejora de la calidad del aire, reduciendo así los problemas de salud asociados a la contaminación atmosférica (reducción de enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación del aire)

Una combinación de ambos, impacto socioeconómico: la implementación de políticas de eficiencia energética ayuda a fomentar la creación de empleo en sectores relacionados con la instalación y mantenimiento de equipos eficientes. Además, promueve el desarrollo de tecnologías y soluciones energéticas sostenibles, fomentando la innovación y el crecimiento económico (Número de empleos generados en sectores de eficiencia energética)

Al evaluar los impactos, se puede determinar si las políticas y programas implementados han logrado los resultados deseados y si se han generado cambios positivos en la sociedad (verificar el valor que la gestión pública aporta a la sociedad). Esta evaluación permite identificar los éxitos y los desafíos, y proporciona información valiosa para mejorar las estrategias y la toma de decisiones en el futuro.

La auditoría pública debe ampliar su campo de actuación buscando evaluar el impacto real de las políticas públicas en la sociedad. La auditoría pública del presente debe centrarse en la verificación de los resultados y el impacto social de las políticas implementadas, pasando a convertirse en una herramienta poderosa y fundamental de evaluación de las políticas públicas. El output del trabajo realizado debe ser la identificación de deficiencias y/o desviaciones (previsto/realizado) y proporcionar recomendaciones para optimizar los resultados y asegurar un uso eficaz y eficiente de los caudales públicos.

Ya no basta con evaluar el gasto y el cumplimiento de los procedimientos, ahora es necesario medir cómo las políticas afectan a la comunidad y si se están logrando los resultados deseados

Reflexión final

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[1] Frente a un modelo económico despilfarrador que conduce al cambio climático, la economía circular ofrece un modelo que preserva la naturaleza y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor del mundo, la banca privada, los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo han intensificado las inversiones en actividades de economía circular.

à fuente https://news.un.org/es/story/2021/03/1490082

[2] También el Banco Mundial y la OCDE vienen contribuyendo a través de su financiamiento, asistencia técnica o apoyando proyectos en todos estos aspectos buscando con ello mejorar la eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

[3] Art. 1.3 LCSP: “En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública demedio am las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”

[4] La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea